La Cancillería de la India expresó su profunda preocupación por la situación en Venezuela tras la ofensiva militar ejecutada por Estados Unidos y llamó a una salida pacífica al conflicto. A través de un comunicado oficial, el Gobierno indio instó a todas las partes involucradas a resolver las diferencias mediante el diálogo, con el objetivo de preservar la paz y la estabilidad regional.

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En ese marco, Nueva Delhi reafirmó su respaldo al bienestar, la seguridad y los derechos del pueblo venezolano.

El pronunciamiento se produjo luego de que Washington llevara a cabo este sábado un ataque de gran magnitud contra la nación sudamericana, que derivó en el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York.

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump anunció que ambos serán sometidos a procesos judiciales por presuntos delitos vinculados al narcotráfico, acusaciones que Caracas rechaza de manera categórica por considerarlas infundadas y de carácter político.

Trump afirmó además que Estados Unidos asumirá la administración del país sudamericano hasta que se concrete lo que denominó una “transición segura”, y no descartó el despliegue de tropas estadounidenses en territorio venezolano. Estas declaraciones profundizaron las críticas internacionales, al ser una violación una abierta amenaza a la soberanía nacional y una justificación para una ocupación extranjera.

Las acciones de Washington se enmarcan en una estrategia previa de criminalización del liderazgo venezolano. Meses atrás, el Gobierno estadounidense designó sin presentar pruebas al llamado “Cartel de los Soles” como una organización terrorista y señaló directamente al presidente Maduro como uno de sus supuestos cabecillas, incluso ofreciendo recompensas millonarias por su captura, en abierta contradicción con los principios del derecho internacional.

El ataque contra Venezuela se produce tras meses de una creciente escalada de tensión, iniciada en agosto pasado con una operación militar de Estados Unidos en el Caribe que incluyó el despliegue de destructores, un submarino de propulsión nuclear, el portaaviones USS Gerald R. Ford y más de 4.000 efectivos, además de decenas de ataques contra supuestas “narcolanchas” que dejaron más de un centenar de personas asesinadas, así como la incautación y el robo de buques cargados con petróleo venezolano, acciones que violan el derecho internacional y la soberanía de los Estados.

Washington ha intentado justificar su despliegue militar con el argumento de «combatir el narcotráfico» hacia su territorio. Sin embargo, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas han señalado en reiteradas ocasiones que Venezuela no es un país productor de drogas y, por el contrario, ha mantenido una política activa de combate al tráfico ilícito, lo que refuerza las críticas que califican la ofensiva estadounidense como una acción unilateral, desproporcionada y carente de sustento legal.

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